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CHADE y CADE fueron las siglas utilizadas sucesivamente por una empresa de electricidad perteneciente al holding europeo Sofina con sede en Bruselas, creada en 1920, que se destacó por prestar el servicio eléctrico en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores entre 1921 y 1961. Su nombre originario fue Compañía Hispano Americana de Electricidad (CHADE), que fue cambiado en 1936 por el de Compañía Argentina de Electricidad (CADE). En 1921 la CHADE compró los activos de la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE), de capitales alemanes, incluyendo la concesión del servicio eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires otorgada en 1907 por un plazo de 50 años. En 1958 la CADE integró como accionista mayoritaria la empresa mixta Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba), vendiendo sus acciones al Estado argentino en 1961.
Aunque los capitales españoles fueron minoritarios, la empresa por razones estratégicas tuvo su sede en Madrid y Barcelona y entre sus directivos se destacó el político español Francisco Cambó, llegando a ser en la década de 1930 la tercera empresa más grande de España.[1][2] La firma se volvió célebre por el llamado escándalo de la CHADE, cuando salió a la luz que llevaba adelante una política sistemática de corrupción de funcionarios, tanto en la Argentina, como en Chile y Uruguay, llegando a sobornar al presidente radical Marcelo T. de Alvear y al presidente conservador Agustín P. Justo (1932-1938).
La CHADE-CADE aplicó una política comercial que utilizó exclusivamente hidrocarburos como materia prima para la producción de electricidad, bloqueando el desarrollo de la energía hidroeléctrica en Argentina.[3][4][5]
Realizó un acuerdo monopólico con la empresa estadounidense ANSEC para repartirse el mercado argentino de electricidad, y con la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE), para repartirse el mercado eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En 1936 la CADE y la CIAE sobornaron a altos funcionarios argentinos para extender sus concesiones otorgadas por 50 años, otros 40 años, y para dejar sin efecto la cláusula que las obligaba a entregar sus activos a la Ciudad de Buenos Aires al finalizar la concesión.